Veracruz. — La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en reclusión contra Roberto "N", alias "El Bukanas", por su probable responsabilidad en el secuestro de 36 personas ocurrido en 2014. El mandamiento judicial, librado por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el estado de Veracruz, vincula al detenido con delitos de delincuencia organizada y violaciones a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Antecedentes del secuestro masivo
De acuerdo con las investigaciones de la autoridad federal, los hechos se remontan a septiembre de 2014 en la localidad de Sierra de Agua, municipio de Acultzingo. En dicho evento, Roberto "N" habría ordenado y participado directamente en el secuestro de 36 víctimas, quienes posteriormente fueron rescatadas mediante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Perfil criminal y presencia regional
"El Bukanas" es identificado como un objetivo prioritario y generador de violencia con operaciones en cuatro estados: Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Bajo su liderazgo, presuntamente se coordinaban actividades ilícitas de alto impacto, tales como:
- Robo de hidrocarburo (huachicol).
- Robo a transporte de carga.
- Narcomenudeo y extorsión.
En Veracruz, el gobierno estatal mantenía una recompensa de un millón de pesos por información que facilitara su captura, mientras que a nivel federal su detención llegó a estar valuada en cinco millones de pesos debido a su peligrosidad. Por su parte, el gobierno de Puebla lo cataloga como un perfil de alta peligrosidad vinculado a homicidios y desapariciones en la zona del Triángulo Rojo y la Sierra Norte.
Situación jurídica actual
La notificación de la orden de aprehensión fue realizada por la Policía Federal Ministerial en el penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, donde el imputado permanece privado de la libertad tras su reciente captura en el municipio de Chignahuapan.
La FGR subrayó que, de acuerdo con el debido proceso, al detenido se le presume inocente en tanto no se emita una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.